En este acto y a propuesta del académico Alfredo Martínez Marull la Honorable Academia de Ciencias Médicas de Córdoba ha procedido a conferirme la preciada distinción de Miembro Correspondiente Nacional que me honra y compromete. Deseo expresar en este momento mi agradecimiento por el inestimable gesto de quien me patrocinara así como a los restantes señores académicos por su aprobación. La disertación que en el cumplimiento de la tradición de esta Honorable Corporación habrá de pronunciarse estará destinada a enfocar los aspectos éticos que deben acompañar la conducta de quienes participan en las investigaciones clínicas.
Los ensayos clínicos se definen como “experiencias controladas que, siguiendo las pautas del método científico, se realizan sobre seres humanos voluntarios con medicamentos y/o especialidades medicinales, con el objeto de descubrir o verificar los efectos y/o identificar las reacciones adversas del producto de investigación y/o estudiar la farmacocinética de los principios activos con el fin de establecer su eficiencia y seguridad (1). Esta definición también alcanza a estudios destinados a probar nuevas técnicas, aparatos o procedimientos.
Necesario es reconocer que todos los avances diagnósticos o terapéuticos que fueron conformando el acerbo de la medicina de todos los tiempos estuvieron siempre precedidos de una primera prueba realizada en un sujeto humano por lo que puede concluirse que esta metodología posee la propia antigüedad de la medicina misma. Puede apreciarse la importancia médica y social que en la actualidad estos estudios han adquirido cuando se tiene presente que, de acuerdo a la Comisión Nacional Consultiva sobre investigaciones en seres humanos de los EE.UU., en los últimos tres años más de veinte millones de personas han participado en estudios de ese tipo (1.a).
Los resultados obtenidos, con independencia de la época y de su metodología intrínseca, siempre han sido consecuencia de una necesaria interacción entre dos grupos de seres humanos: unos, los investigadores, movidos por su sed de verdad y otros dotados de un generoso altruismo que prestan su integridad para ser utilizados como bancos de prueba. En los últimos años ha irrumpido en el escenario de estos ensayos la presencia de un tercer grupo humano: el de los financiadores, que de forma importante intervienen aportando los recursos económicos necesarios.
Es propósito de esta exposición analizar las características éticas que cada uno de esos grupos humanos debe exhibir cuando, cada uno desempeñando su rol, se ponen al servicio del estudio de la salud dentro de un contexto en el que prima el máximo respeto por la dignidad humana.
Evolución de los ensayos clínicos.
La revisión retrospectiva de los ensayos clínicos realizados a lo largo de todos los tiempos sólo resulta equilibrada cuando se efectúa teniendo en cuenta los principios epistemológicos y las pautas culturales vigentes en cada época. Es cierto que aunque una buena proporción de los progresos experimentados han sido producto del azar, o serendipidad, la mayoría fueron consecuencias del desarrollo de propuestas engendradas en la observación de los fenómenos naturales y llevadas a la práctica a través del método de la prueba y el error.
El progreso de nuestra cultura inició su camino definitivo en la Grecia Clásica a partir del momento en que el hombre introdujo el discurso filosófico en la dinámica de su pensamiento. A partir de allí el estudio del entorno natural comenzó a tornarse cada vez más racional sentando así las bases de la ciencia moderna. En el campo médico el progreso siguió ese mismo camino insertado en el contexto demarcado por las doctrinas hipocráticas y teñido intensamente por los dictados del Juramento clásico. Así nació y creció una práctica profesional basada en una religiosa veneración de la Physis y en la observancia del principio de “primun non nocere”.
Hasta bien avanzada la modernidad y como consecuencia de una histórica conjunción de factores políticos y culturales, la estructura del pensamiento científico estuvo poderosamente acotada por un dominante sentimiento religioso que, basado en la falta de delimitación precisa entre las creencias religiosas y las verdades científicas, creó límites a la libertad intelectual. La predominancia de este factor, asociado con el escaso saber disponible y una pobre tecnología, permiten entender cómo y por qué los avances científicos se sucedieron con tan manifiesta lentitud al encontrarse la cultura inmersa en un campo regido por una rígida tradición que revestía al saber y hacer médicos de un carácter cuaci dogmático e incontrastable. En ese entorno cualquier cuestionamiento a lo aceptado como verdadero resultaba factor suficiente para desencadenar bizantinas discusiones que culminaban, en la mayor parte de los casos, con el rechazo de las nuevas ideas e incluso, en no pocas ocasiones, con penosas consecuencias intelectuales y aún físicas para quienes habían cometido el pecado de pensar de manera diferente. El ostracismo de Pierre Abelardo (1079-1142), el oprobioso martirio de Giordano Bruno (1548-1600) o la forzada abjuración de Galileo Galilei (1564-1642) son algunas de las más urentes sanciones que correspondieron a propuestas intelectuales que excedieron los límites vigentes.
En el campo médico los criterios de autoridad y tradición que primaron hasta bien avanzado el siglo XVII, justifican la prolongada vigencia de la medicina galénica. A pesar de ese desfavorable entorno los médicos siguieron concibiendo nuevas ideas y ensayando otros procedimientos. Las innovaciones así surgidas, en total acuerdo con la metodología utilizada, gozaban de una marcada subjetividad y su incorporación a la práctica se sustentaba más en el prestigio de sus proponentes que en su veracidad científica o eficacia intrínseca.
La introducción del método experimental realizada por Francis Bacon (1561-1626) enriquecida poco más tarde con el pensamiento filosófico de René Descartes (1596-1650) permitió que las investigaciones científicas, de forma paulatina, fueran abandonando su rigidez escolástica en busca del “por que” más que del “para qué” de los fenómenos naturales. En el campo médico sus frutos fueron poniendo en evidencia la inconsistencia de la medicina galénica cuando no los perniciosos efectos de algunas de sus prácticas.
El gran avance se alcanzó a fines del siglo XIX cuando bajo la influencia de Claude Bernard (1813-1878) se introdujo el método experimental en la investigación biológica. Más adelante, la incorporación de la ciencia estadística permitió dotar a los resultados con una consistente confiabilidad. Siguiendo esta tendencia y ya desde los albores del siglo XX comenzó una cascada de avances en el campo de las ciencias básicas que fundamentaron el desarrollo de ingeniosas tecnologías diagnósticas y terapéuticas, todas necesariamente acompañadas de sus correspondientes ensayos clínicos.
Los ensayos clínicos del siglo XX
La revisión de los ensayos clínicos realizados casi hasta la postrimerías del siglo XX permite observar que su énfasis principal estuvo aplicado en los aspectos puramente científicos, tales como el manejo de la bibliografía acertada, el planteo racional de los objetivos y la cuidadosa selección de los métodos y materiales por utilizar, entre los cuales figuraban las características de los seres humanos utilizados en las pruebas. Es evidente que los beneficios potenciales que para la atención de la salud ofrecían estos ensayos constituían el objetivo prioritario y por tanto resultaba natural que las características del trato recibido por los sujetos utilizados quedaran relegadas a un plano puramente instrumental. Aunque en muchos estudios la participación de seres humanos estuvo acompañada de una somera explicación de sus fines y medios, en buena parte de esas investigaciones ese rol fue asumido dentro del desconocimiento de la naturaleza y riesgos de la experiencia. Esta actitud, producto del enfoque ético –cultural de la época, ofreció a los investigadores la ocasión para exponer en tales pruebas la integridad de muchos congéneres convirtiéndolos en verdaderos conejillos de Indias (2).
Hasta el juicio de Nuremberg iniciado en 1947, la humanidad careció de normas vinculadas con la utilización de los seres humanos en la investigación clínica. En ese año El Tribunal Internacional reunido en aquella ciudad para juzgar la medicina y los médicos del régimen nazi culminó su actuación dando lugar a la promulgación de un Código que definió las prerrogativas de los sujetos sometidos a experimentación y las obligaciones de quienes conducían esos estudios (3).
Esta preceptiva fue completada en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y más tarde con el documento producido por la AMM de Helsinki, perfeccionado en Tokio (1975), en Venecia (1983), en Hong Kong en 1980, en Sudáfrica en 1996 y en Edimburgo en 2000. El informe Belmont publicado en 1979 por el National Human Research Advisory Committee reforzó aún más los principios éticos que aquellas resoluciones establecían (4).
A pesar de la existencia de estas disposiciones la revisión de la bibliografía médica del siglo XX, sumada a publicaciones realizadas en responsables medios periodísticos y más tarde introducida en las páginas de Internet, enriquecida además con el levantamiento del secreto que protegía a ciertos documentos oficiales, han permitido conocer numerosos estudios, algunos previos y otros posteriores a las declaraciones de Nuremberg y Helsinki, en los que es dable comprobar flagrantes defectos éticos (5). Lo que llama la atención es que la mayoría de tales criticables ensayos, realizados en países del primer mundo, realizados en países del primer mundo, contaron con la aprobación y apoyo económico de organismos estatales o privados de fuerte influencia científica, política, militar o económica y fueron conducidas por destacados científicos (6).
Los objetivos de esos ensayos estuvieron vinculados con la salud en general aunque, desde las vísperas de la IIª Guerra y durante la Guerra Fría, se agregaron otros provistos de propósitos militares, rotulados como “asuntos de Estado” y por tanto privilegiados por un estricto secreto. La enumeración que a continuación se hace de algunas de esas investigaciones realizadas en los últimos 70 años, merecedoras de una justificada crítica ética, no pretende cuestionar la legitimidad de la investigación clínica y sólo conlleva el anhelo de que al hacerse públicas, acompañadas del firme propósito de enmienda, brinden a la Medicina la oportunidad de hacer su correspondiente acto de contrición tal como lo hizo la Iglesia Católica cuando reconoció sus errores del pasado. Sólo así será posible que la ciencia y el arte médicos puedan alentar la esperanza de alcanzar el perdón aunque no el olvido de las faltas cometidas en el curso de las investigaciones clínicas. Quizás la Educación Médica general debería incluir en su sus contenidos tal información considerándola como paradigma de los extremos que puede alcanzar el deseo de saber cuando se deja de lado la dignidad humana (7, 8).
La lista de trabajos éticamente censurables es muy larga. Los defectos éticos más visibles se relacionan con el uso, más que en la utilización, de seres humanos seleccionados en base a odiosas discriminaciones que fueron expuestos a importantes riesgos mediante la aplicación de medios y maniobras peligrosas aplicadas sin información previa y en la provocación experimental de enfermedades infecciosas o desórdenes orgánicos.
Como muestras de tales reprochables estudios merecen citarse: (5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14):
1931: inoculación de células neoplásicas (Instituto Rockefeller)
1932: estudio sobre la sífilis en el Instituto Tuskegee
1940: Inoculación de malaria en 400 presos de Chicago
1947: administración de substancias radioactivas
1956: estudios sobre fiebre amarilla con mosquitos infectados en Savannah
1965: estudios con sustancias psicotrópicas (Proyecto MKSEARCH)
1978: prueba de vacunas para la hepatitis B en homosexuales
1990: prueba de vacunas antisarampionosas en niños negros de seis meses de edad
1996: pruebas con pesticidas.
Entre las investigaciones emprendidas con objetivos militares se pueden citar: (15, 16, 17, 18, 19):
1931: experiencias con radiaciones sobre soldados americanos. (Rhoads)
1942: efectos del gas mostaza en cuatro mil soldados y en adventistas que se prestan a la experiencia a cambio de no ser incorporados al ejército.
1943: experimentos con armas bacteriológicas en Fort Detrick
1944: estudios del efecto protector de máscaras antigases (mostaza y british antilewisita)
1947: efectos del LSD en civiles y militares
1950: pruebas con armas biológicas diseminadas sobre San Francisco
1953: diseminación de sulfuro de zinc y cadmio sobren Winnipeg como prueba de difusión de agentes tóxicos
1953: diseminación ambiental con serratia marcescens en NY y San Francisco
1965: estudios de la acción carcinogénica de la dioxina sobre reclusos de la prisión de Homesburg (Filadelfia)
1967: estudios sobre armas biológicas y químicas (Proyecto MKNAOMI) y
1973: estudios de radiaciones sobre personal militar y civil.
A pesar del secreto que protegió a algunas de estas investigaciones, en especial a las de índole militar, su conocimiento alcanzó estado público a través de investigaciones periodísticas cuya publicación despertó airadas reacciones. Uno de los casos más sonados fue el estudio desarrollado durante más de 40 años en el Instituto Tuskegee, de Alabama, destinado a establecer la historia natural de la sífilis en el que cuatrocientos siete individuos sifilíticos de raza negra y baja condición social, fueron mantenidos en total ignorancia de su padecimiento y privados de los tratamientos disponibles y cuya autopsia era “estimulada” mediante el pago de los gastos del sepelio. En 1972 este estudio fue interrumpido por decisión estatal y dos años después esa misma autoridad perdió un juicio indemnizatorio por diez millones de dólares. Es difícil aceptar que este dinero haya restañar el daño físico y moral producido (21, 22, 23).
Igual reacción condicionó la publicidad dada a los estudios de orden militar vinculados con las radiaciones ionizantes. Respondiendo a instancias públicas el gobierno de los EE.UU. creó en 1996 una Comisión Investigadora independiente que dotada de poderes para revisar documentación clasificada de archivos oficiales pudo probar la forma inconsulta con que numerosos ciudadanos habían recibido radiaciones. En conocimiento de este informe el Pte. Clinton, procedió a expresar las disculpas oficiales seguidas por la promulgación de una ley que estableció indemnizaciones a los damnificados.
La malevolencia intrínseca que aparece en los estudios mencionados queda empalidecida cuando se revisan las experiencias realizadas por la medicina alemana y japonesa en los años que precedieron y acompañaron a la IIª Guerra Mundial a las que de ex profeso hemos reservado un comentario especial. Sin duda que a esas investigaciones, en su mayor parte emprendidas tras objetivos militares y claramente destinadas a la preservación y desarrollo de la pureza de su raza y al fortalecimiento de sus respectivas ideologías políticas, les corresponde con total justicia el triste privilegio de ser las manifestaciones más precisas de un refinado sadismo y sevicia.
Hasta 1945 los médicos alemanes practicaron sus experimentos en los campos de concentración de Dachau y sus 150 filiales, en Auschwitz, Buchenwald, Sachsenhausen y otros.
Entre ellos se pueden citar como los más deplorables los siguientes (5, 6, 23, 24, 25, 26):
efectos provocados por las bajas presiones atmosféricas o por el frío;
estudio de heridas provocadas, deliberadamente infectadas con diversos gérmenes
ensayos con hipovolemias inducidas
amputaciones de miembros seguidas de trasplantes o reimplantes
ensayos con drogas antituberculosas en humanos experimentalmente infectados
efectos letales de fenoles y cianuro
efectos de las radiaciones sobre embarazos provocados
ensayos de técnicas de esterilización quirúrgica o con radiaciones
estudios genéticos sobre enanos y mellizos
entrenamiento de cirujanos noveles sobre sujetos sanos
estudios antropométricos sobre cráneos de sujetos seleccionados gaseados (6, 8, 10, 24, 25, 26)
Como una de las más visibles manifestaciones de la crueldad que acompañó a esos estudios cabe recordar que todos ellos incluían en sus protocolos la autopsia correspondiente de los sujetos que sobrevivían o morían durante las pruebas. Los prisioneros que se negaban a colaborar podían ser de inmediato ejecutados. Es evidente que en estos abominables experimentos, como afirma Cohen “brilló la tortura, la inanición, la crueldad y el asesinato. El peaje a la muerte en nombre de la ciencia fue horroroso y en todas las experiencias los prisioneros fueron utilizados siempre contrariando sus deseos” (27).
El ejército japonés no quedó a la zaga de sus aliados alemanes y a partir de la invasión a Manchuria y China en 1934 y hasta la terminación de la guerra, efectuó miles de experiencias similares a las ejecutadas por sus colegas alemanes utilizando prisioneros de guerra. A tales fines el ejército nipón disponía de la tristemente famosa Unidad 731, que era un organismo oficial que contaba con médicos militares y la colaboración de sus escuelas médicas (28, 29, 30, 31).
Resulta interesante señalar que algunos de los defectos observados en la metodología de ciertos estudios efectuados en los EE. UU. (inoculación de malaria en presos de Chicago en 1940) fueron utilizados por los médicos alemanes como argumentos a su favor en los juicios a que fueron sometidos. De igual forma resultados provenientes de investigaciones nazis sirvieron a investigadores del mundo occidental como antecedentes válidos para sus propios estudios (30). La utilización de esta información desató acaloradas polémicas, muchas con definido tinte político, en las que se llegó a considerar que la amoralidad ínsita de los estudios nazis constituía, per se, razón suficiente para su descarte, de la misma forma como se procedía al considerar el uso de jabón fabricado con la grasa proveniente de prisioneros sacrificados en campos de concentración (27). De todas formas se debe aceptar que pese a la innegable importancia científica que pudieran haber alcanzado los conocimientos así obtenidos, de ninguna forma ello puede convertirse en argumento suficiente para suprimir el rechazo moral que provoca la metodología utilizada ni, mucho menos, servir para exonerar a sus autores de toda culpa o cargo por acciones de lesa humanidad.
No puede ocultarse la sensación de perplejidad y rechazo que despierta el conocimiento de los estudios comentados. Tal reacción se intensifica cuando se advierte que muchos de los sujetos utilizados pertenecían a clases sociales desprotegidas o eran producto de odiosas discriminaciones basadas en la etnia, color de la piel, culto, tendencia política mostrada o sospechada, hábito sexual, edad, nacionalidad o dependencia laboral. Las actitudes más despiadadas se alcanzaron en la utilización de reclusos alojados en prisiones civiles o militares o en campos de concentración, como sucedió de forma sistemática en los territorios de Europa y Asia ocupados respectivamente por Alemania y Japón y en algunos establecimientos carcelarios de los EE.UU.
Tratar de entender la estructura del proceso moral que forzosamente debieron transitar quienes concibieron y ejecutaron esos estudios, constituye un interesante capítulo de psicología social. Varios son los factores por tener en cuenta. En primer lugar debe tenerse presente que hasta fines de la década de los años 70 la práctica médica ostentaba de forma dominante el concepto hipocrático clásico, paternalista y autoritario, que consideraba al médico como depositario de la verdad y dueño de las decisiones terapéuticas. A esta ancestral postura y desde las primeras décadas del siglo pasado, el imaginario médico recibió la incisiva influencia de la filosofía positivista que otorgaba a la verdad científica, casi deificada, una prioritaria posición dentro de la escala de valores. Por tales razones, no resulta extraño que, de acuerdo a la concepción ética y técnica vigente en el momento del planteo y ejecución de esos ensayos clínicos primaran los aspectos científicos puros sobre aquellos otros que la ética podía exigir con similar importancia. Sin embargo, debe reconocerse que dentro de ese contexto muchos de los científicos de casi todo el siglo XX observaron ciertos límites, casi intuidos, en relación con el respeto por la dignidad humana. Los extremos más execrables se observaron en los médicos alemanes y japoneses de la época de la guerra cuya conciencia profesional y humana estuvo profundamente impregnada por una educación fuertemente teñida con el contenido de ideologías fundamentalista a cuyo servicio resultaba aceptable y hasta necesaria la práctica de la intolerancia y la discriminación.
Sea por la exaltación de la curiosidad científica (caso Tuskegee), por pretendidas razones patrióticas (experimentos militares) o en el ejercicio de aberrantes teorías fundamentalistas (estudios nazis y japoneses) lo concreto es que en diferentes ocasiones la conciencia médica se alejó de sus cauces éticos naturales. Cualquiera haya sido el mecanismo que pudo llevar a los médicos del siglo XX a la realización de esas penosas experiencias, en 13 actualidad se admite como verdad inconmovible que ni la devoción por la verdad científica, el cumplimiento de la obediencia debida o el patriotismo pueden adquirir categoría tal como para convertirse en argumentos válidos para vulnerar la condición humana.
La Declaración de Helsinki-Edimburgo:
El gran avance de la ética médica que hoy nos rige comenzó en la década de los 70, ocasión en la que siguiendo a Potter (32) comenzó a gestarse en los claustros anglosajones una reflexión multidisciplinaria que habría de concretarse con el nacimiento de una nueva ciencia denominada Bioética, cuyo campo se extiende al estudio de la conducta humana en todos los problemas relacionados con la salud. Su estructura especulativa asienta sobre cuatro principios fundamentales beneficencia, no maleficencia, autonomía y equidad. La difusión progresiva de este nuevo enfoque también alcanzó al espíritu de los ensayos clínicos ofreciéndoles un marco capaz de actuar como atento vigilante del derecho y obligación que tienen los científicos para buscar y respetar la verdad así como de la prerrogativa que asiste a todo ser humano a exigir, en cualquier circunstancia, el total respeto por su dignidad e integridad corporal y espiritual.
Bajo la influencia de las reflexiones nacidas en la Bioética la Asamblea Médica Mundial, fue perfeccionando la redacción de la primigenia declaración relacionada con la participación de seres humanos en la investigación clínica dictada en Helsinki en 1964 introduciendo las enmiendas ya mencionadas (33).
Esta declaración, considerada como el golden standard de las investigaciones clínicas impone a la conciencia y conocimientos médicos, como requisito esencial, la obligación de velar por la salud de las personas y por ello sólo justifica la experimentación en seres humanos cuando no existe otro medio y siempre que el bienestar de los sujetos utilizados prime sobre los intereses científicos.
Los investigadores involucrados, poseedores de calidad científica y clínica apropiada al tema, deben procurar que sus protocolos, precedidos cuando corresponda de los apropiados estudios en animales, contengan los argumentos que fundamentan los riesgos y costos que esos estudios poseen cuya magnitud debe estar plenamente justificada por los beneficios esperados, dejando claramente establecido que ningún argumento técnico, legal o ético puede ser utilizado para reducir o eliminar las medidas de protección aplicadas a los sujetos humanos estudiados. Su reclutamiento debe ser ajeno a toda discriminación económica, médica o social siendo absolutamente imprescindible contar con la voluntariedad de los participantes expresada en un consentimiento de sus beneficios y riesgos. Al mismo tiempo debe asegurarse el resguardo de su intimidad y la confidencialidad de los datos obtenidos así como el derecho a retirarse del estudio cuando así lo deseen. La inclusión de menores o incapacitados debe contar con la autorización del correspondiente representante legal. También se legisla sobre los estudios realizados en situaciones de urgencias.
Además de esos requisitos, acompañados de los detalles técnicos relacionados con la metodología por utilizar, el protocolo también debe contener la información completa referida a su financiamiento, patrocinadores y afiliaciones institucionales, en cuyos propósitos debe primar, por encima de todo otro interés personal o corporativo, la salvaguarda de la salud de los individuos y de la comunidad. El ensayo sólo podrá ser realizado luego de su aprobación realizada por un Comité independiente de Bioética que, además, será responsable de controlar su desarrollo así como de conocer los incidentes adversos y resolver los conflictos que pueden aflorar en el curso de la investigación.
Aunque la mejor forma de evaluar beneficios y riesgos es la que utiliza la comparación con otros métodos de eficacia reconocida, en casos especiales resulta admisible el uso de los placebos que, de acuerdo a la modificación introducida en 2001, pueden ser utilizados cuando existen razones apremiantes justificadas o cuando se estudian enfermedades de menor importancia en las que esa metodología no implica efectos adversos graves o daños irreparables.
En cuanto a los resultados obtenidos, sean positivos como negativos, la declaración establece que todos ellos deben ser motivo de publicación o de lo contrario quedar a disposición pública, exigiéndose de autores y editores la más precisa forma ética en el momento de su redacción y publicación en la que deberá incluirse la fuente de financiamiento, las instituciones afiliadas y los posibles conflictos de interés observados. Por su parte, los editores gozan del derecho a rechazar la publicación de aquellos trabajos que no cumplan con los requisitos establecidos.
El carácter universal que de hecho reviste esta Declaración no acepta modificaciones de fondo vinculadas con la idiosincrasia, creencias y cultura de aquellas comunidades en la que tales estudios son llevados a cabo (34). Para asegurar su cumplimiento y evitar los abusos que pueden tener lugar cuando se realizan en países donde los requerimientos pueden adquirir cierta laxitud, la Conferencia Internacional de Armonización (compuesta por expertos de la UE Japón y USA) ha dictado normas que se ajustan a las de Helsinki.
Aunque no está tácitamente expresado debe entenderse que estas disposiciones también alcanzan a los ensayos clínicos que persiguen objetivos militares porque aún reconociendo la insoslayable función de defensa de la comunidad nacional que compete a todo Estado, se debe aceptar que tal atribución no puede convertirse en razón suficiente para justificar la omisión de las directivas éticas generales, en especial las referidas al reclutamiento y manejo de los individuos utilizados.
Fases de los estudios clínicos.
La poderosa influencia ejercida sobre la comunidad científica por las normas internacionales citadas y el creciente enfoque bioético han permitido de forma significativa realizar un mejor control, no sólo de los aspectos éticos sino también técnicos de los ensayos clínicos realizados en los últimos lustros. En la actualidad la comunidad médica, luego de convalidar la investigación clínica y acorde con los principios éticos establecidos, en especial para las pruebas de nuevas drogas, procedimientos o equipos, ha establecido un curso de acción bien definido que debe ser transitado por toda innovación propuesta antes de ser librada a la práctica habitual. Este proceso reconoce las siguientes etapas: La fase 0 (o preclínica) se practica en diferentes especies de animales de experimentación, una de ellas de no roedores, con la intención de estudiar los efectos tóxicos, teratológicos o carcinogénicos de la droga propuesta. Luego de cumplida esta fase la droga o procedimiento puede recibir la aprobación para ser sometido a ensayos sobre seres humanos siguiendo los siguientes pasos: Fase I se realiza sobre un número pequeño de individuos humanos y tiene por objeto establecer la toxicidad o tolerancia del fármaco en cuestión; la fase II se realiza en un número mayor de personas y busca determinar los efectos terapéuticos beneficiosos y las reacciones adversas; la fase III, se cumple sobre un número importante de sujetos y trata de comparar sus efectos con los producidos por otras drogas o tratamientos de probada efectividad, haciendo posible, si cabe, el patentamiento y comercialización de la droga estudiada y la fase IV representa la aplicación libre generalizada en la que se ejerce una atenta vigilancia sobre los efectos alejados. (36)
Los factores económicos en la investigación clínica.
En la actualidad la investigación clínica, dotada de una metodología científica bien definida cuenta con disposiciones consensuadas cuya aplicación asegura a los logros obtenidos su satisfactorio entorno moral. Sin embargo, a pesar de considerarse superadas las condiciones que en el pasado condujeron a diferentes fallas éticas, nuestro tiempo se caracteriza por la aparición de inéditos escollos que pueden socavar el éxito de esos esfuerzos y que están directamente vinculados con problemas surgidos en las relaciones interpersonales de quienes participan en esos estudios.
Es sabido que la complejidad de la investigación científica actual, tanto en relación con la infraestructura como con los insumos y recursos humanos utilizados, justifica el elevado costo que exige la ejecución de gran parte de los ensayos clínicos. En un reciente estudio Davidoff (37) ha estimado que el ensayo clínico completo de una droga nueva puede alcanzar sumas cercanas a los 500 millones de dólares aplicadas en lapsos que oscilan entre 5 a 10 años, cuya magnitud escapa a los presupuestos oficiales o universitarios. En consecuencia, en la mayor parte de los países industrializados, la investigación clínica de avanzada sólo puede realizarse al amparo de la financiación privada que, en general, considera esos aportes como lícitas inversiones de las que espera obtener réditos a través del patentamiento y/o comercialización de los fármacos o aparatos sometidos a prueba.
La magnitud de los fondos que la industria asigna a los ensayos clínicos de sus productos ha conducido en los países desarrollados, y muy especialmente en los EE. UU., a la transformación de la investigación clínica en una nueva industria desarrollada por organizaciones privadas, en general ajenas a los ambientes académicos universitarios, conformadas por profesionales expertos que ofrecen su experiencia, servicios y pacientes para realizar estudios por encargo. Tales entidades conocidas como Organizaciones para la investigación (Contract Research Organizations, CRO), han entrado en competencia con las instituciones oficiales dentro de lo que podría llamarse el mercado de los ensayos clínicos. En la actualidad esas organizaciones absorben en los EE.UU. el 60% de los fondos privados asignados a esos estudios (37). En nuestro país esta nueva modalidad, sin haber adquirido todavía la trascendencia que en otros países ha alcanzado, también se practica aunque de una manera que podría llamarse informal.
No puede ignorarse que aún a través de estudios científicos irreprochables es el económico el principal objetivo que motoriza a tales organizaciones en oposición clara al puramente científico que prima en las instituciones académicas. Por otra parte, aquellas organizaciones, por su condición de privadas, disponen de mayor libertad para el diseño de las obligaciones contractuales que rubrican con los financiadores, condición que sin duda entraña peligrosos sesgos que pueden, de alguna forma, empañar la confiabilidad de los estudios.
Sin duda debe reconocerse que en el ámbito de la investigación clínica existe en la actualidad un nuevo contexto conformado por la asociación de investigadores, pacientes y patrocinadores, provisto cada uno de sus propios objetivos. Esta heterogénea asociación, que podría considerarse como otra muestra de la globalización, sólo puede adquirir legitimidad y resultar beneficiosa para la humanidad cuando su objetivo prioritario apunte al mejoramiento de la atención de la salud dentro de un contexto ético de irreprochable calidad.
Los conflictos de interés:
Las diferentes motivaciones propias de cada uno de los grupos humanos participantes en los ensayos clínicos suelen en algunos casos provocar particulares colisiones creando así inéditos problemas (38), de naturaleza no siempre científica, algunas veces de tipo económico, pero siempre lindantes con la ética y que se identifican como “conflictos de interés” y que Bodenheimer (39) define como “situaciones no deseadas que aparecen en el curso de los ensayos clínicos cuando los intereses privados perturban o pueden perturbar el cumplimiento de las responsabilidades de quienes actúan basados en la confianza que en ellos han depositado terceros”. Estos conflictos han superado las esferas privadas y en diversas ocasiones han adquirido estado público tal como puede apreciarse a través de artículos publicados en importantes revistas médicas de los EE.UU. culminando, en algunos casos, en demandas judiciales (39, 41, 42, 43).
Cualquiera sea su mecanismo íntimo, la principal y más deletérea consecuencia de estos conflictos radica en la concomitante siembra de perniciosas dudas sobre la veracidad y confiabilidad de los resultados arriesgando así, por omisión o acción, la salud de la comunidad (38, 45). Tales fueron, sin duda, los motivos que condujeron a la AMM a introducir en su declaración del 2000 en Edimburgo especiales prescripciones en especial aquellas relacionadas con los aspectos financieros de los ensayos clínicos.
Hasta el momento no existen en los países del primer mundo normas especiales que sirvan de escudo perfecto contra la aparición de los conflictos de interés de tipo económico. En los EE.UU., país que se toma como ejemplo para el mundo occidental, Lo (41) y Topol (42) observan una evidente dispersión en el enfoque de esos problemas que va desde las posiciones sumamente restrictivas que ostenta la Universidad de Harvard hasta otras más laxas o permisivas que aplican otras instituciones universitarias.
Con independencia de los mecanismos que se adopten para evitar tales conflictos, lo importante es que los convenios que regulan la realización de los ensayos clínicos, siempre atentos al respeto que se debe a la condición humana de los pacientes utilizados, aseguren para los investigadores la mayor independencia posible en lo referente a la ejecución del protocolo, la introducción de eventuales cambios frente a reacciones inesperadas, la revisión de los resultados, redacción de las conclusiones, propiedad intelectual y oportunidad y forma de su publicación recordando, como decía Einstein [citado por Bodenheimer (39)], que “el derecho a buscar la verdad se acompaña de la obligación de la difusión de lo hallado, ya que nadie puede ocultar ninguna parte de aquello que se ha reconocido como verdadero”. En un reciente artículo de Coyle se exponen de forma extensa los argumentos que pueden permitir encontrar un adecuado balance entre los derechos y obligaciones que asisten a cada parte (40).
En nuestro país los aspectos éticos de los ensayos clínicos han sido considerados de forma amplia en el Manual de Etica y Deontología del cirujano, del Colegio Médico de la Pcia. de Buenos Aires, en el Código de Etica de la AMA y en otras publicaciones concordantes (45, 46, 46ª, 47). Desde el punto de vista legal y administrativo los ensayos clínicos están oficialmente sujetos al cumplimiento de la disposición n° 5330 dictada en 1997 por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) (48). Forzoso es reconocer que esa preceptiva oficial podrá alcanzar su mayor concordancia con la declaración de Helsinki de 2000 cuando le sean incorporadas las normas propuestas por la Asociación Médica Mundial referidas al control de los aspectos económico-financieros de los proyectos.
Conclusiones:
Los ensayos clínicos representan un método imprescindible para permitir el avance de la ciencia y profesión médicas. Ello no obsta para dejar de reconocer que ninguna consideración, cualesquiera fuera su índole: científica, política, religiosa, militar, crematística social, puede resultar argumento suficiente para menospreciar la dignidad de las personas en el curso de tales necesarios estudios.
Respetando estos principios, la comunidad médica apoyada más en la convicción que en el simple cumplimiento de los reglamentos, podrá asegurar a todos los seres humanos que participan en un ensayo clínico, sea como sujetos de estudio, investigadores o patrocinadores, la posibilidad de asumir sus correspondientes derechos y obligaciones en un ámbito de equidad en el que cada uno reciba lo que le corresponde. Esta será la mejor actitud que puede adoptar la medicina para poder continuar su tarea evitando la reiteración de aquellas ofensas que a lo largo de los tiempos y en aras del saber, fueron inferidas a la dignidad humana. Muchas gracias por su atención.
Bibliografía
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"ROL DEL CLÍNICO" - Acad- ALBERTO AGREST
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